Las empresas o distribuidores deben traducir los manuales de instrucciones‬ de sus productos fuera del país del fabricante para no comprometer la seguridad de sus usuarios.

En los aparatos importados, es obligatorio que documentos informativos como las instrucciones, componentes de seguridad e información de puesta en servicio de máquinas aparezcan traducidas al idioma oficial del país donde se comercialice el producto.

Los manuales de los productos de reciente incorporación al mercado a veces están redactados únicamente en inglés, lo que impide que sean entendidos por todos los usuarios con el consiguiente riesgo de un uso inadecuado del producto.
 Las autoridades públicas competentes en la materia sancionan a las empresas que una vez avisadas siguen omitiendo una versión de las instrucciones en el idioma del país donde se comercilice el producto.

Tradución de manual en la unión europea


Además, los manuales deben estar redactados en un lenguaje comprensible, concreto y claro para cumplir bien su función: explicar el modo de uso y las aplicaciones del producto.

¿Qué tipo de máquinas se ven afectadas por esta obligación?

Es obligatorio traducir los manuales de máquinas, equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables y cinchas o dispositivos amovibles de transmisión mecánica que se vendan en los países de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía.

¿Es necesaria la traducción de todo el manual?

Sí. En principio se requiere la traducción de la totalidad del manual.

Es necesario indicar si el texto del manual es original o si se trata de una traducción manual original.

Aunque, los manuales para tareas de mantenimiento que deba realizar el personal de habilitado por el usuario quedan exentas.

De cualquier forma, es obligatoria la traducción de cualquier documento referene a la seguridad maquinaria.

Sanciones si no traducimos el manual

En España, si no se presenta una traducción del manual de instrucciones (o si la traducción está incompleta) se considera infracción de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, y puede conllevar sanciones tanto para el fabricante como para el distribuidor. Ambos son los responsables de llevar a cabo la traducción a través de una empresa de traducción o traductor profesional.

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